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Defensores y Asesores Generales de todo el país contra la baja de la edad de imputabilidad

22 de Febrero de 2019

Defensores y Asesores Generales de todo el país contra la baja de la edad de imputabilidad

Entregaron un documento al ministro de Justicia que analiza, de forma crítica, el anteproyecto para bajar la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 15 años. “No es una solución razonable”, aseguraron.


El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales le entregó esta semana, al ministro de Justicia de la nación, Germán Garavano, un documento que analiza de forma crítica la baja en la edad mínima de responsabilidad penal (EMRP) de 16 a 15 años, propuesta en el anteproyecto de ley del ministerio sobre el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

En el escrito presentado se remarca que el proyecto “intenta convencer de que la reforma no se trata de una baja de la edad de imputabilidad sino de la instauración de un nuevo y homogéneo sistema” que se adecuaría a los estándares internacionales (pues el decreto-ley 22.278, hoy vigente, fue sancionado durante la dictadura). Sin embargo, continúa, “no menciona ninguna norma positiva del derecho internacional de los derechos humanos, ni opinión autoritativa de ese ámbito que obligue a establecer, como punto inicial de operatividad formal del sistema penal juvenil, una edad inferior”.

En este sentido, los integrantes del Consejo explicaron que si bien no se discute la necesaria adecuación de la ley 22.278 (e incluso algunas de las modificaciones propuestas son “saludables”), “no se sigue, como solución razonable, la baja de la edad”. Incluso señalaron que, a contramano del anteproyecto, “de las palabras del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas se infiere la idea de que lo recomendable en este punto es fijar una edad mínima lo más alta posible”. Y agregaron: “Existiría una inocultable tensión entre la decisión política estatal dirigida a bajar la edad de imputabilidad penal de NNyA y el reconocimiento pleno de los derechos y garantías de estos sujetos privilegiados”.

Por otra parte, los Defensores y Asesores Generales afirmaron que si bien el proyecto reserva solo un grupo de casos graves para penar a las personas de 15 años, “nada dice sobre la necesidad de fijar esa EMRP para ese grupo de casos”. Tampoco explica por qué razón en estos casos no es suficiente contar con las instancias familiares o de protección como ámbitos de tratamiento.

Asimismo, cuestionaron la mención sobre la presentación de numerosos proyectos de reforma del sistema penal juvenil desde el regreso de la democracia. “Este hecho base —que revela el fracaso de distintos intentos legislativos tendientes a bajar la edad de imputabilidad— también podría llevarnos a entender que  la modificación de la EMRP es un punto infranqueable del consenso democrático, un ‘éxito’, producto de una determinada concepción en nuestro país de la niñez y sus derechos. Pero, de todas formas, y aun cuando no fuera el caso, la existencia de una opinión pública sustentada en corrientes emotivas o en meras percepciones, si bien siempre atendible, no es el punto donde deba anclarse el sustento de una decisión política con tanta trascendencia”, aseguraron.

Finalmente, el Consejo incluyó en el documento algunos puntos que, a su entender, debieran tomarse en cuenta al tratarse la problemática de la EMRP. Entre ellos, la concepción del sistema penal, vista desde la Convención de los Derechos del Niño, como última ratio para tratar los conflictos de los niños, niñas y adolescentes.

La ampliación de la operatividad del sistema penal formal dirigido a personas menores de 18 años debe dar cuenta de su capacidad para conseguir el fin público al que aspira (v.gr., la reducción de los delitos; la inserción de los jóvenes a la sociedad; la obturación de una carrera delictiva en los “jóvenes amateurs”, etcétera). No hay elementos que permitan verificar esta aptitud de parte del sistema penal juvenil”, afirmaron los integrantes del Ministerio Público.

El anteproyecto de ley sobre el que se expresó el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales fue creado con los aportes de Justicia 2020, un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. De aprobarse, los adolescentes de 15 años serán penalmente responsables “si se comete un delito cuya pena máxima posible es de 15 años de prisión o más (robo con arma de fuego, violación, secuestro extorsivo, homicidio, lesiones gravísimas)”.

El documento lleva la firma de representantes de 17 provincias, entre otros, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, el Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti,  el Defensor Adjunto, Luis Duacastella y la Asesora General Tutelar, Yael Bendel.


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